Se introdujeron adecuaciones a la definición de proveedores nacionales, los plazos de inversión en proyectos de exportación, la cesión de participaciones societarias y el ingreso de divisas de accionistas.
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 1366/2026, aprobó una serie de adecuaciones puntuales a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de precisar el alcance de determinadas disposiciones y preservar la coherencia entre los objetivos del sistema y las condiciones para acceder a sus beneficios. Según los considerandos de la norma, las modificaciones responden a la experiencia recogida durante la implementación del régimen.
Redefinición de 'proveedor local'
Uno de las modificaciones centrales altera el artículo 3°, inciso f) del Anexo I del Decreto N° 749/24. A partir de esta renovación, para que una persona jurídica sea considerada 'proveedor local' a los efectos del RIGI, bastará con que se encuentre constituida y domiciliada en el país, sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social. En el caso de las personas humanas, se exige que tengan domicilio fiscal en la Argentina.
Asimismo, estos sujetos deberán prestar servicios o proveer bienes destinados a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al régimen. Cuando provean bienes, deberán cumplir con los criterios del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR y sus protocolos adicionales para ser considerados de origen nacional, según la metodología que precise la Autoridad de Aplicación. De acuerdo con el decreto, esta medida busca favorecer la integración de empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro y promover encadenamientos productivos locales.
Plazos para Proyectos de Exportación Estratégica
En materia de cumplimiento de inversiones, el decreto sustituye el inciso i) del artículo 47° para precisar el concepto de 'fecha límite'. Esta se define como la fecha antes de la cual el VPU se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto mínimo de inversión en activos computables previsto en los artículos 172 y 173 de la Ley N° 27.742 (que incluye a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo), sin que dicha fecha resulte ajena a las prácticas del sector correspondiente.
Los considerandos aclaran que se establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del Proyecto Único en su conjunto, diferenciándola de los compromisos y montos mínimos previstos para cada una de sus etapas específicas, los cuales mantienen sus propios parámetros de cumplimiento.
Transferencias, fusiones y reorganización de VPU
El artículo 3° de la norma sustituye íntegramente el artículo 62° de la reglamentación para detallar las reglas aplicables a adquisiciones, fusiones y reorganizaciones:
- Prohibición de proyectos distintos y fusiones: se ratifica que un VPU adherido no puede realizar adquisiciones o fusiones que impliquen incorporar un proyecto distinto al Proyecto Único, salvo que constituyan ampliaciones reglamentadas. Si la operación involucra dos o más Proyectos RIGI, requerirá aprobación de la Autoridad de Aplicación para conformar un Proyecto Único, aplicándose los derechos y obligaciones del proyecto con fecha de adhesión más antigua.
- Compra de acciones: la adquisición de acciones, cuotas o participaciones de un VPU con posterioridad a su solicitud de adhesión no altera los derechos del vehículo ni del proyecto, pero tampoco permite computar esa operación como inversión en activos computables para alcanzar el monto mínimo legal.
- Uniones transitorias y contratos asociativos: se habilita a los miembros de estos vehículos a ceder total o parcialmente su participación o incorporar nuevos integrantes sin afectar los derechos del RIGI. La operación debe informarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días corridos de su inscripción en el Registro Público, acreditando el consentimiento de los demás miembros, la ausencia de causales de exclusión del nuevo integrante, la afectación de bienes al proyecto y la asunción de compromisos y garantías. La autoridad tendrá 30 días corridos para observarla; vencido ese plazo, se tendrá por conformada. El cedente responderá solidariamente por las obligaciones devengadas hasta la inscripción.
- Sucursales Dedicadas: previa autorización oficial, podrán reorganizarse transfiriendo la totalidad de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones afectados al proyecto a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal constituida a tal fin (mediante escisión, aporte en especie o transferencia de fondo de comercio). La nueva sociedad sustituirá a la sucursal manteniendo la fecha de adhesión original, los plazos y las condiciones aprobadas, mientras que la sociedad titular original responderá solidariamente por las obligaciones previas a la inscripción. La autorización no suple el consentimiento de terceros para transferir concesiones o permisos.
Acceso al mercado de cambios
Por último, el decreto modifica el inciso c) del artículo 100° respecto de las condiciones que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puede fijar para el acceso al mercado de cambios de los VPU que utilicen el incentivo sobre cobros de exportaciones (artículo 198 de la Ley N° 27.742).
La norma instaura que, además de las divisas ingresadas y liquidadas directamente por el VPU, se computarán aquellas provenientes de aportes de no residentes o endeudamientos financieros externos (incluyendo emisiones de valores negociables) que ingresen y liquiden:
- Los integrantes o partes de uniones transitorias o contratos asociativos que actúen como VPU.
- Las sociedades accionistas directas o indirectas de dichos integrantes.
- Las sociedades accionistas o socias, directas o indirectas, del VPU.
- La sociedad titular de un VPU constituido como Sucursal Dedicada.
Este cómputo regirá en la proporción en que los fondos se destinen efectivamente al desarrollo del Proyecto Único, se cumplan los procedimientos que fije el BCRA y se registren contablemente para garantizar su trazabilidad. Se mantiene la excepción por la cual estas restricciones de acceso no alcanzan a los pagos de intereses de endeudamientos financieros ni al pago de dividendos habilitados.

