Enterate los puntos clave del proyecto de ley que impulsa el Gobierno; un nuevo marco integral de seguridad y protección territorial.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una propuesta que busca fortalecer la protección de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares vinculados. La iniciativa plantea un régimen legal más amplio que el actualmente vigente para sancionar actividades económicas realizadas sin autorización argentina en esos territorios.
Entre las principales novedades, se extienden las prohibiciones más allá de la explotación hidrocarburífera, alcanzando cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, renovables o no renovables. También se endurecen las sanciones administrativas y penales para empresas, inversores y proveedores vinculados a estas actividades.
Nuevas sanciones y régimen de regularización
El proyecto prevé multas millonarias calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones de hasta 20 años, suspensión o cancelación de permisos y restricciones para contratar en Argentina. Además, incorpora nuevas figuras penales con penas de prisión de hasta 20 años para quienes exploten recursos naturales en áreas bajo reclamo soberano argentino sin autorización estatal.
Como contraparte, se crea un Régimen de Desistimiento y Regularización que permitirá a determinados infractores abandonar las actividades cuestionadas, pagar multas o reconvertir inversiones hacia proyectos autorizados dentro del territorio nacional, obteniendo la extinción de acciones administrativas y penales bajo ciertas condiciones.
Creación del Sistema de Seguridad Nacional
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la fundación del Sistema de Seguridad Nacional, concebido como un esquema de coordinación permanente entre las políticas diplomáticas, económicas, de inteligencia, ciberseguridad y defensa.
La conducción quedaría a cargo de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación e integrado por funcionarios del área económica, de defensa, relaciones exteriores e inteligencia. Este organismo tendrá la misión de diseñar una Política de Seguridad Nacional obligatoria para todos los organismos del Estado.
Protección de espacios estratégicos e infraestructuras críticas
La iniciativa fija procedimientos específicos para la protección del espacio aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre argentino. Se regulan mecanismos de identificación, interceptación y actuación frente a aeronaves o embarcaciones consideradas irregulares o potencialmente hostiles, bajo criterios progresivos y ajustados al derecho internacional.
Asimismo, añade un régimen nacional para la identificación y protección de Infraestructuras Críticas, entendidas como aquellas instalaciones o sistemas esenciales para la salud, la economía, la defensa, la seguridad y el funcionamiento del Estado.
Amenazas a la seguridad nacional y lucha contra el terrorismo
El texto tipifica como infracción administrativa determinadas conductas vinculadas con la injerencia extranjera, la afectación de infraestructuras estratégicas o la interferencia en procesos decisorios del Estado. El Consejo de Seguridad Nacional podrá aplicar sanciones económicas, restricciones operativas y medidas urgentes frente a amenazas consideradas graves e inminentes.
Además, se crea por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), administrado por la Unidad de Información Financiera (UIF), con facultades para inmovilizar bienes y restringir operaciones de sujetos vinculados a actividades terroristas o al financiamiento de armas de destrucción masiva.
Modificaciones a la Ley de Defensa Nacional
Finalmente, el proyecto actualiza el concepto de Defensa Nacional incorporando riesgos y amenazas de origen estatal y no estatal, incluyendo fenómenos no convencionales. También amplía las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de protección de infraestructura crítica, asistencia humanitaria y operaciones vinculadas con la seguridad nacional.
Clave del proyecto
La iniciativa propone una reforma integral que combina herramientas de soberanía territorial, control de recursos naturales, seguridad nacional, protección de infraestructuras críticas, inteligencia estratégica y lucha contra el terrorismo, configurando uno de los proyectos más amplios en materia de defensa y seguridad presentados en los últimos años.